Los videojuegos y películas con contenido violento explícito podrían pagar más impuestos. Así lo sostiene una propuesta en Estados Unidos que empujaría a una subida en el precio de este tipo de juegos. Parte de la recaudación iría destinada a las víctimas de crímenes violentos.
Una nueva polémica podría envolver en los próximos meses a los videojuegos con carácter violento. En el punto de mira de algunas instituciones u organizaciones desde hace tiempo al ser considerados incitadores a la violencia, la última propuesta que hemos conocido generaría un gran revuelo tanto entre los usuarios como dentro de la propia industria.
La controversia ha surgido después de conocer el informe publicado por el reverendo Franklin Graham. En su defensa de los movimientos pacifistas, Graham propuso como “un movimiento inteligente” gravar con tasas elevadas a las compañías que produzcan tanto videojuegos como películas en los que la violencia sea parte de la trama. Su idea es que con la recaudación se compense a víctimas o familiares de crímenes violentos.
Lejos de rechazar de plano esta sugerencia, el gobierno estadounidense, en boca de Joe Biden, vicepresidente del país, ha abierto las puertas a su implantación. “No existen restricciones en la posibilidad de llevarlo a cabo; no hay razones legales por las que no se podría poner impuestos al contenido violento”, señaló en sus últimas declaraciones. No obstante, sus palabras contrastan con la decisión que tomó la Corte Suprema del país norteamericano en 2011 en la que se especificó que los juegos están protegidos bajo la libertad de expresión recogida en la Primera Enmienda de la Constitución.
Al margen del tema legal, se plantearía una situación en la que lo usuarios podrían ser los grandes perjudicados. El precio de los juegos de múltiples géneros con la acción como denominador común subiría (no sabemos en qué medida hasta que no se conociese la tasa exacta). Aunque alguna compañía podría asumir este impuesto y no trasladarlo al usuario final, no podemos descartar que se acabase aplicando al precio que paga el consumidor, tal y como sucede con otras tasas.
Veremos qué sucede en los próximos meses con una posibilidad que a buen seguro enerva a los amantes de los shooters u otros juegos donde la violencia está presente. Cabe pensar que solo se ceñiría a las fronteras del país norteamericano, pero quién sabe si otros gobiernos como el español podrían plantearse su importación.
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